La entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha reconocido el derecho a los ciudadanos que no se pueden valer por sí mismos (ancianos y discapacitados graves) a recibir la atención que necesitan por parte de los poderes públicos.
Para acceder a las ayudas que contempla la Ley de Dependencia, los ciudadanos deben solicitar una valoración en los servicios sociales de su Comunidad Autónoma para determinar su grado y nivel de dependencia.
La Ley de Dependencia establece una implantación gradual. En 2008 son ya beneficiarios de la ley los ciudadanos que sean valorados por sus Comunidades Autónomas como grandes dependientes o dependientes severos nivel 2.
Los ciudadanos valorados en estos grados y niveles reciben alguno de los siguientes servicios sociales:
En lugar del servicio, y con carácter excepcional, las Comunidades Autónomas pueden reconocer a los beneficiarios una serie de prestaciones económicas (vinculadas a la contratación del servicio, por cuidados en el entorno familiar o para la contratación de un asistente personal).
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